Chile: Carta abierta de la CECT al Sr. Pablo Longueira, presidente de la UDI 

La Comisión Etica Contra la Tortura (CECT), organismo que agrupa a diversas instituciones de Derechos Humanos, organizaciones de víctimas del terrorismo de Estado y personalidades de destacada trayectoria, que durante largos años hemos propiciado el respeto a los derechos fundamentales de los chilenos, declaramos ante sus dichos de los últimos días sobre soluciones a la problemática de los derechos humanos en Chile, lo siguiente:

1.. Que las violaciones sistemática los derechos humanos producidos durante la dictadura militar que gobernó Chile entre los años 1973 y 1990, fueron fruto de una política organizada y amparada legal y financieramente por el Estado. Ello posibilitó que sus agentes detuvieran, torturaran, asesinaran y desaparecieran a miles de ciudadanos chilenos.

2.. Que inmediatamente después del 11 de septiembre de 1973, organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja, Amnistía Internacional, las Naciones Unidas que nombraron Comisiones ad hoc para investigar lo que sucedía en Chile y la Organización de Estados Americanos, OEA, pudieron comprobar la existencia y extensión de la prisión y la tortura en Chile.

3.. Con ello queremos señalar que el delito de tortura es el crimen que estuvo en el centro del accionar represivo de la dictadura.

4.. Que a 13 años de iniciada la transición a la democracia, propuestas como la suya, de quien apoyó la dictadura, carecen de toda legitimidad moral, además son posibles dado que los gobiernos de la concertación no han tenido voluntad política para establecer la Verdad, construir la Justicia y cumplir con el derecho a la Reparación integral de las víctimas.

5.. La Reparación, Señor Longueira, implica conocer los hechos, identificar a los responsables y hacer justicia, reivindicar a las víctimas y declarar desde el Estado la firme convicción de no volver a repetir tales aberraciones.

6.. El esfuerzo que significó el Informe Rettig propuso medidas reparatorias insuficientes aún desde el punto de vista de la VERDAD y la JUSTICIA para los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, sin que hasta la fecha la mayoría de ellos haya logrado rearmar el puzzle genocida que se practicó con los suyos. Esas exiguas medidas, debemos decirle Sr. Longueira no han alcanzado aún a los miles de chilenos y chilenas que sobrevivieron a la tortura, crimen de lesa humanidad, inamnistiable e imprescriptible y para quienes el acceso a la JUSTICIA ha sido hasta la fecha negado, ya que las querellas por tortura realizadas con antelación a 1990 fueron anuladas por los tribunales de justicia.

7.. Esta Comisión Ética contra la Tortura le recuerda que los que en Chile fueron torturados, han sido los principales testigos en los procesos que se ventilan en los tribunales de justicia actualmente por desaparición forzada de personas y, por todos es conocido, que gracias a quienes sobrevivieron a la tortura pudo el mundo, nuestro país y muchos personeros políticos como usted conocer los alcances que tuvo la práctica del terrorismo de Estado.

8.. Queremos informarle además que desde hace dos años hemos planteado al Gobierno del Presidente Ricardo Lagos medidas que signifiquen la VERDAD, la JUSTICIA y la REPARACIÓN para las personas afectadas por la tortura en Chile, para ello le adjuntamos las propuestas de Junio del 2001 y Agosto de 2002.

9.. Le recordamos además, que reparar es un deber del Estado y un derecho de los afectados reclamarlo.

10.. Por lo mismo, la responsabilidad que debe ser asumida por toda la sociedad y la reparación no puede ser usada como maniobra electoral.

Por todo lo anterior, la Comisión Ética Contra la Tortura solicita a Ud., al Gobierno y a toda la clase Política que dirige los destinos del país lo siguiente:

§ Que se aborden las gravísimas consecuencias éticas, morales, políticas, jurídicas, sociales, psicológicas y médicas de la tortura aplicada sistemáticamente durante los 17 años de dictadura; desarrollando políticas integrales de verdad, justicia, reivindicación moral, reparación y rehabilitación a favor de las víctimas de aquella atroz práctica.

§ Que, de modo prioritario, forme una comisión que establezca a través de un informe la verdad histórica sobre la tortura y la detención por razones políticas ocurridas entre 1973 y 1990; y que registre oficialmente las personas que sufrieron detención y aquellas que como producto de la tortura experimentan aún significativas secuelas físicas o psicológicas; registro que permita posteriormente aprobar una ley de reparación en su favor.

§ Que dicha comisión sea nombrada por decreto supremo y que esté conformada por personalidades de reconocida solvencia moral y compromiso con la defensa de los derechos humanos, y de distintas vertientes doctrinarias; y que cuente con los recursos e infraestructura necesaria como para culminar eficazmente su labor en un plazo razonable de uno o dos años.

§ Que al constituirse la comisión, el Estado chileno efectúe una reivindicación moral al conjunto de las víctimas; y que con posterioridad a su registro el gobierno les dé públicas excusas y les conceda testimonios documentales de aquello.

§ Que sin perjuicio de la ulterior presentación de un proyecto de ley de reparaciones, el gobierno adopte medidas inmediatas para lograr la mayor rehabilitación posible de las personas que todavía sufran secuelas significativas producto de la tortura; y para restituir plenamente los derechos civiles y políticos de los afectados.

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